“Estos bosques nos dan vida, nos dan sombra, nos dan agua. Los estamos velando para darles un legado a nuestros hijos, por eso le ponemos corazón. ¡A nosotros de verdad nos da tristeza ver que en un minuto tumban un árbol que ha tomado tantos años para crecer! Da pena, da cólera. Y eso es un sentimiento de verdad”, declara Flor Marina Vásquez Panduro, presidenta de la Asociación de Productores Apícolas del Valle del Biavo, responsable de administrar la Concesión para Conservación Chuacullo (1,925.230 ha). 

El área sufre presiones por parte de invasores que amenazan los relictos de bosques estacionalmente secos del Huallaga Central, un ecosistema único y frágil que alberga una gran biodiversidad con especies como el ocelote, el paujil, el cóndor amazónico, el cotomono y una gran diversidad de anfibios.

Flor forma parte de la Red de Conservación Voluntaria y Comunal de San Martín, creada en el 2013, a la fecha viene protegiendo más de 670,000 ha de bosques. La conforman 41 áreas iniciativas de conservación entre áreas de conservación privada y concesiones para conservación otorgadas a comunidades organizadas por 40 años renovables, cuyo objetivo principal es resguardar el patrimonio natural, forestal y de fauna silvestre de manera voluntaria. Esta red es impulsada por la sociedad civil, por las comunidades de a pie que aman y cuidan la biodiversidad en sus territorios de manera voluntaria, sin recibir ningún incentivo. A nivel nacional, las concesiones para conservación forman parte de la Red Amazónica de Conservación Voluntaria y Comunal “Amazonía Que Late”, conformada por 137 iniciativas de conservación de 6 regiones amazónicas de nuestro país.

En el Perú, las concesiones para conservación cumplen un rol fundamental en la protección de los bosques, sin generar gastos al presupuesto público (significan un ahorro en el presupuesto público de aproximadamente 11.5 millones de soles anuales). Como se puede observar en el siguiente gráfico, la reducción de la deforestación en San Martín se ha producido justamente cuando se empezaron a otorgar las concesiones para conservación:

Del total deforestado entre los años 2001 – 2018, solo un 2.8% del total ocurrió en territorios que actualmente corresponden a concesiones para conservación,haciendo un total de 12,167.28 hectáreas; sin embargo cabe mencionar que en el 2001 no había sido otorgada ninguna concesión para conservación, la primera fue otorgada el 2006, por lo que en el análisis de cambio de cobertura desarrollado a cada una de las concesiones desde el año de su otorgamiento nos muestra que solo 2,924.10 hectáreas (24%) de la pérdida de cobertura ocurrieron posterior al otorgamiento de derechos, las 9,243.18 hectáreas restantes (76%) corresponden a registros ocurridos antes de establecerse las medidas de protección sobre estas áreas del estado de libre disponibilidad.

Cuidar el bosque significa demostrar valentía y dedicación, comprometiéndose a realizar patrullajes frecuentes para proteger el patrimonio natural frente a las amenazas de tala ilegal, caza furtiva, invasión, cultivos ilícitos y expansión de la frontera agrícola. Esto significa largas horas de caminata, monitoreando los bosques, hasta encontrar las pruebas necesarias de los delitos ambientales para emprender acciones conjuntas con las autoridades competentes quienes, para actuar, necesitan medios probatorios contundentes. Un arduo trabajo realizado, muchas veces, sin recursos.  

Soluciones desde la tecnología

Existen soluciones desde la tecnología que facilitan y potencian el trabajo de los guardianes y guardianas del bosque, mejorando el acceso a la información y la recopilación de pruebas en campo.

“Venimos mejorando el tema de control y vigilancia. Antes trabajábamos sin el apoyo satelital. Ahora es mejor, porque ya tenemos la información en nuestro celular, cuando nos llega una alerta de deforestación ya sabemos a qué punto debemos llegar”, comenta Rodolfo Calampa, titular de la Concesión para Conservación Áreas Inundables del Bajo Huallaga.

Gracias a las nuevas tecnologías como las alertas GLAD proporcionadas por plataforma Global Forest Watch (GFW), es posible saber cuándo y dónde ocurre la deforestación. La falta de información para monitorear los cambios en que ocurren en la cobertura forestal ya no es una limitante para las comunidades que conservan sus bosques. Con una simple inscripción gratuita en línea, las alertas de pérdida de cobertura boscosa son enviadas semanalmente al correo. La plataforma vincula la información con imágenes satelitales recientes y de alta resolución (Landsat, Sentinel y Planet) que permiten definir la naturaleza de la alerta y planificar el ingreso a campo con mayor seguridad y precisión. Desde 2017, AMPA en conjunto con la Red de San Martín ha atendido 1,031 alertas GLAD.

El aplicativo móvil Forest Watcher permite tener en la mano toda la información relevante para hacer las verificaciones de deforestación en campo sin necesidad de tener acceso a internet, y recaudar medios probatorios valiosos para realizar denuncias ambientales que resulten en acciones rápidas en conjunto con las autoridades.

Desde el año 2017, la Asociación Amazónicos por la Amazonía (AMPA) viene trabajando para empoderar en el uso de nuevas tecnologías a las asociaciones que conforman la red de conservación de San Martín. El joven Franklyn Panduro Zegarra (28 años), actual presidente de la Asociación de Agricultores para la Conservación de los Bosques del Simacache, titular de la Concesión para Conservación Gran Simacache, viene fortaleciendo sus capacidades para obtener su certificación como piloto de drone por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de Aeronaútica Civil (DGAC) y así poder cumplir su rol como monitor dentro de la Red de conservación de la región San Martín.

Para fortalecer este trabajo, se generó una alianza estratégica entre AMPA y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - FEMA para trabajar conjuntamente en el monitoreo de los delitos ambientales en la Amazonía.

“Es una herramienta que nos va a ayudar a demostrar la existencia verdadera del daño en el lugar, y cuál es el grado del daño ocasionado. Esto va a contribuir mucho a acelerar la investigación y los procesos penales”, declara John Ventura Castillo, fiscal adjunto de la FEMA de San Martín.

AMPA sigue fortaleciendo su alianza estratégica con la FEMA a nivel nacional y regional. Ambas instituciones vienen uniendo fuerzas en trabajos de campo, diligencias, eventos y talleres. Además, están próximos a firmar un convenio para trabajar en conjunto el monitoreo de delitos ambientales y la conservación de los recursos naturales en la Amazonía.

La sociedad civil y autoridades competentes están uniendo fuerzas para conservar la vida con el apoyo de nuevas tecnologías. Los resultados de este proceso son alentadores, es urgente e importante que cada vez más organizaciones se vayan sumando a este trabajo.

Este trabajo es posible gracias a la colaboración de World Resources institute, Global Forest Wacth y Andes Amazon Fund.