“Nosotros somos guardianes voluntarios de estos pocos bosques que quedan acá en el Valle del Biavo. De verdad da mucha pena, mucha indignación, mucha impotencia la acción de estas personas.” declara Marvin García Vásquez, socio de la Asociación de Productores Apícolas del Valle del Biavo que administra la Concesión para Conservación Chuacullo.

La carretera al Valle del Pavo se abre camino en medio de las 1,925.23 hectáreas de la Concesión para Conservación Chuacullo. Y con ella, desde hace años, ha ido trayendo invasiones, agricultura migratoria, tráfico de tierras y de madera. Esta es una carretera ilegal, propiciada sin estudios de impacto ambiental por el gobierno local. La pandemia provocó un incremento de estas amenazas, y quienes resguardan estos bosques están enfrentando riesgos cada vez más graves incluso contra su propia vida.

Desde su otorgamiento en el año 2015 y hasta el 2020, Chuacullo perdió 37.7 hectáreas de bosques. Solamente entre el año 2021 y lo que va del 2022, aproximadamente 35 hectáreas de bosques han sido deforestados. En un poco más de un año, se ha duplicado la pérdida de bosques en el área.

Secuencia de imágenes Planet (mosaico mensual) desde octubre 2021 a enero 2022

Foto aérea de la superficie verificada desde un drone Mavic 2, (11 de febrero 2022)

Las Concesiones para Conservación Chuacullo, El Quinillal, Valle del Biavo, Sangapillal, Ojos de Agua y Bosques del Futuro, resguardan los últimos relictos de bosques estacionalmente secos del Huallaga central, pero se están quedando como islas, son los últimos bosques generadores de agua y refugios de especies endémicas y únicas como el helecho Platycerium andinum, la quinilla, la manchinga, ocelotes, cotomonos, anfibios y muchas más.

Este ecosistema único solo existe entre las provincias de Picota, Huallaga, El Dorado y Bellavista, y fueron espacializados en la década de los 80, en 350 mil hectáreas, hoy solo están protegidos a través de las concesiones para conservación, menos de 20 mil hectáreas, y si no se toma acción rápidamente para frenar su depredación, podrían desaparecer. Esta pérdida sería irreparable.

“Con la agricultura migratoria ilegal, se están perdiendo miles de hectáreas de bosques. Personas inescrupulosas vienen apropiándose de áreas que están destinadas a la conservación.”, comenta John Ventura, Fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - FEMA Juanjuí.

Uno de los principales problemas que enfrenta el bosque seco es el tráfico de tierras para la instalación de maizales, promovidas por programas de gobierno, además del tráfico de madera para viviendas y para carbón. La ausencia del Estado y la falta de respuesta rápida por parte de las autoridades ha favorecido una migración cada vez más fuerte.

“Tenemos miedo de entrar a nuestra concesión porque realmente la vez pasada cuando hemos ido nos han seguido en moto lineal las personas que supuestamente son dueños de este terreno, y dijimos que no vamos a volver a ingresar si no tenemos la policía o la fiscalía, así como socios ya no.”, explica Peggi Upiachihua Paredes, socia y guardiana del bosque.

Se requiere urgentemente mayor presupuesto para las autoridades competentes como la Autoridad Regional Ambiental, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Policía a fin de atender debidamente la situación.

“Hacemos un llamado al Ministerio Público, al Ministerio del Ambiente, que tomen sus acciones, que no tengan miedo porque nosotros afrontamos la situación, dialogamos, pero más allá no hay ese apoyo que necesitamos, y queremos que se tomen acciones para frenar esto. Salgamos y defendamos nuestra naturaleza. Porque si nosotros no la defendemos, ¿quién va a defenderla?” Fredy Vásquez Panduro, socio y defensor de la concesión.

Como Red Amazonía Que Late, levantamos la voz y exigimos que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y garanticen la seguridad de los defensores y las defensoras de los bosques.